Autor: Hernández Domínguez, Juan José
ISBN: 978-84-92754-37-3 / 1ª Edición 2016 / 286 pp. / 17x24 / Rústica
La dependencia que la Constitución española dicta a la labor de la Policía Judicial descansa en los Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal.
Las investigaciones policiales deben, por tanto, participarse en todo caso a los citados órganos, quienes a su vez, reclaman una objetividad en sus pesquisas.
De todo ello debe hacerse reflejo en el atestado policial, que cada vez adquiere mayor relevancia, precisamente por ello, por caracterizarse por un documento en el que se insertan, con toda objetividad y profesionalidad, las diligencias de investigación policial, con el fin último de ser de utilidad en el proceso penal.
Esta obra analiza, siguiendo el hilo conductor del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los requisitos y prerrogativas de cada una de las diligencias policiales, teniendo como eje principal el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Destaca el análisis proferido a las diligencias de entrada y registro en domicilio, y el secreto de las comunicaciones.
Otra de las cuestiones nucleares es la cuestión referida a la privación de libertad y el tratamiento a los detenidos.
Destacable también es el papel o rol que la Policía Judicial desempeña en nuevos procedimientos judiciales, como son el de enjuiciamiento rápido de determinados delitos y el novedoso procedimiento sobre delitos leves, por lo que se dedica una atención especial.
Por último, señalar que se trata de una materia un tanto cambiante, legislativa y jurisprudencialmente. Respecto a la primera, el año 2015 fue especialmente profuso, ya que el legislador modificó y reguló por primera vez, determinadas leyes muy significativas en relación al contenido de esta obra. Me estoy refiriendo a las modificaciones sufridas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (modificada por varias leyes, en cuestiones de relevancia como son los derechos de los detenidos, o las medidas de investigación tecnológica), del Código Penal, la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (que regula por vez primera los cacheos y registros personales por la Policía), o el Estatuto de la Víctima del Delito.
Su cesta está vacía.
